Servicios postales y servicios ferroviarios

a liberalización de los servicios de interés económico general –por usar la denominación que les otorga el Derecho europeo y nuestra propia legislación- no es un camino fácil ni exento de obstáculos. Supone la apertura a la libre competencia, pero en situación imperfecta, ya que convive con antiguos monopolios públicos, que conservan al menos de hecho ventajas y privilegios. Informaciones recientes ponen de manifiesto, una vez más, tales dificultades.

Por un lado, las empresas de paquetería recelan del supuesto trato de favor otorgado por la Administración General del Estado a la sociedad pública Correos y Telégrafos en los pliegos para la adjudicación de un importante contrato marco sobre servicios postales para dicha Administración. De otro, hay expectación por conocer los términos en que se abrirá la licitación para la entrada de empresas privadas de ferrocarril en la línea de viajeros del Levante, en competencia con RENFE.

En uno y otro caso la Administración que debe decidir mantiene su vinculación con las empresas públicas interesadas, circunstancia que puede condicionar sus decisiones. Sin embargo, éstas deben adaptarse estrictamente a los principios de transparencia y no discriminación que la legislación prevé y justificarse punto por punto en razones objetivas de interés público.

Será por eso necesario examinar con lupa los pliegos y criterios de adjudicación y, en su caso, interponer los recursos o iniciar las acciones pertinentes ante las instancias españolas y europeas competentes, que sin duda van a tener que pronunciarse sobres aquellos asuntos y otros similares.

Miguel Sánchez Morón.

Catedrático de Derecho Administrativo.

DJV Abogados.

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