Distribución Comercial y Libertad de Empresa

La Constitución española ha estructurado el Estado en diferentes niveles caracterizados por diferentes grados de autonomía política y administrativa, lo cual ha propiciado una administración en la que confluyen diferentes tipos de entes con diversas competencias. Esta complejidad que afecta a los distintos poderes del Estado, incide de manera decisiva en el poder legislativo. En este sentido, se ha de tener en cuenta que la distribución comercial es una actividad que comprende diversas operaciones propias del tráfico jurídico y, por tanto, diferentes ramas del Derecho y diferentes potestades legislativas que, confluyendo en torno a la materia con mayor o menor incidencia, se entrelazan para regular diferentes aspectos de la misma

La problemática que suscita la licencia comercial específica en el sector de la distribución comercial en España, consagrada por el antiguo Artículo 6 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista del año 1996, y más concretamente en relación a las grandes empresas y multinacionales del sector, ha venido centrándose en la valoración acerca de si tales restricciones, implícitas en la técnica autorizatoria empleada, eran o con contrarias al derecho a la libertad de empresa recogido en el Artículo 38 de nuestra Constitución.

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