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¿Puede un administrador dejar de recibir una indemnización no fijada en los estatutos sociales?

¿Puede Un Administrador Dejar De Recibir Una Indemnización No Fijada En Los Estatutos Sociales?

Tras la reforma del año 2014 de la Ley de Sociedades de Capital, el papel del administrador social adquirió un grado mayor de responsabilidad y de exigibilidad en su actividad.

Además, la reforma también introdujo una serie de elementos por los que el administrador de una sociedad podía percibir una remuneración, partiendo del carácter gratuito que la norma otorga al cargo de administrador, aunque la realidad empresarial pueda contradecirla después.

En relación directa con esto, aunque no entre de lleno en la regulación legal después de dicha reforma, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia reciente, fechada el pasado 20 de noviembre de 2018, en la que aborda el «abuso de formalidad» que existe cuando se deniega el pago de la indemnización al administrador único de una empresa, que además desarrollaba labores gerenciales para la entidad, por no estar prevista en los estatutos, sino tan solo mediante acuerdo unánime de la Junta General.

La sentencia trae causa de un recurso de casación interpuesto por el administrador social de una empresa de accionariado familiar, quien había visto estimadas sus pretensiones en primera instancia (la empresa fue condenada a pagar la indemnización al administrador), pero cuya resolución desestimó la Audiencia Provincial. Se trata de un caso en que los estatutos sociales de la empresa establecían la retribución del cargo de administrador, consistente en una cantidad fija anual determinada para cada ejercicio por la Junta General y que el demandante cobró de forma regular durante el tiempo que desarrolló las funciones de administrador.

También se establecía que «si los administradores prestasen a la Sociedad servicios como director, gerente, apoderado o como empleado, la remuneración que por cualquier de estos conceptos reciba, requerirá el previo acuerdo de la Junta General y será fijada en función del trabajo que desarrolle y no en función de su carácter de Administradores, que es totalmente independiente».

La Junta General aprobó por unanimidad que, si se extinguía la relación entre demandante y la sociedad por cualquier motivo, la empresa debería abonar una indemnización con independencia de la calificación que, llegado el momento, recibiera la relación mantenida entre el demandante y la mercantil. Fue la reclamación de dicha indemnización la que motivó que la Audiencia Provincial dejase sin efecto la sentencia de instancia, que condenaba a la empresa al pago de la indemnización, al considerar que el demandante no realizaba funciones distintas a las de administrador y que, en todo caso, la junta general no había acordado que el demandante cobrara por su condición de administrador, aunque en los estatutos se recogía el carácter retribuido del cargo.

Es sobre este punto donde el Tribunal Supremo aprecia un «abuso de formalidad», ya que, aunque los estatutos carecieran de las exigencias legales respecto de la fijación estatutaria del sistema de retribución y adolecieran de falta de concreción sobre la retribución por las funciones de administrador, la retribución del administrador (que además desarrollaba labores de gestión y dirección) se fijó mediante acuerdo unánime de la junta general. Dicho acuerdo no solo se refería a la retribución fija anual, sostiene el Alto Tribunal, sino también a la indemnización ante un posible cese.

Así, la sentencia citada explica que «la finalidad del sistema legal de retribución de los administradores, que exige la constancia estatutaria del sistema de retribución, no se frustra cuando la indemnización ha sido fijada de forma unánime por los socios, entre los que el administrador en cuestión ostentaba una pequeña participación en el capital social, en un acuerdo que no ha sido objeto de impugnación. Por ello, entiende el Supremo que «la desvinculación que ahora pretende la sociedad respecto del acuerdo unánime que adoptaron los socios para indemnizar al administrador en caso de cese aparece así como un abuso de la formalidad que no puede ser aceptado».

De esta forma, el Tribunal Supremo marca el límite de formalidad entre administrador y empresa, de modo que un exceso de rigor interpretativo de los estatutos no afecte a los derechos atribuibles al administrador único de la empresa, que no solo puede recibir una remuneración fija por su actividad (cuya responsabilidad se ha venido reforzando en los últimos años), sino que también podrá recibir la correspondiente indemnización por despido, aunque solo se haya previsto en el acuerdo de la junta de socios.

Javier Fernández
Socio de DJV Abogados

Artículo original publicado en el diario Expansión el 24 de enero de 2019.

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