Lo legal importa – y mucho- a la hora de internacionalizarse
Paulo Coelho decía que cuando alguien quiere realmente una cosa, el universo entero conspira para conseguirla. En efecto, uno de los pocos aspectos positivos de la actual coyuntura económica es que muchas empresas españolas han puesto el foco en el exterior, dejando a un lado el tradicional modelo de exportación/importación, para dar un paso más allá en el proceso de internacionalización. Es decir, la implantación en el país extranjero.
La estrategia de la implantación implica un análisis pormenorizado del mercado en el que la empresa pretende implantarse, tratando todas las variantes que puedan afectar al desarrollo del negocio y por ende al éxito de la inversión. Sin embargo, en la mayoría de los casos existen ciertos aspectos legales que adquieren singular importancia y que no son tenidos en cuenta en este proceso analítico.
Países sin un grado mínimo de seguridad jurídica son incompatibles con una ordenada implantación. Asimismo, una hiperregulación y excesivo intervencionismo del estado puede entorpecer el correcto desarrollo del proyecto en el exterior.
Desde el punto de vista legal es fundamental el diseño de estructuras jurídicas que eviten que hipotéticas deudas y responsabilidades contraídas en el extranjero en el curso de las operaciones locales afecten en modo alguno a la empresa española. No obstante debe tenerse muy en cuenta que la forma jurídica que se seleccione para implantarse en el país va a condicionar en buena medida la obtención de los retornos esperados. Para ello es absolutamente imprescindible analizar el impacto fiscal que la fórmula jurídica seleccionada tiene sobre esos retornos.
Aunque la lista se puede alargar en función de las particularidades del negocio que se pretende implantar, es preciso apuntar que existen aspectos administrativos y laborales que también deben ser valorados en el momento de trazar la estructura jurídica del desembarco en el país de destino.
Un correcto asesoramiento por parte de un experto local es trascendental a la hora de valorar las implicaciones legales en cada uno de los ámbitos señalados (fiscal, regulatorio, mercantil y laboral).
En este sentido, uno de los problemas prácticos que hemos detectado es el de la interlocución entre las empresas españolas con los expertos locales: problemas lingüísticos, culturales y técnico-jurídicos en ocasiones desembocan en falta de comunicación y finalmente en un deterioro de la confianza en el experto local. La experiencia nos lleva a recomendar un único interlocutor que canalice toda la información hacia el asesor local.
En resumen, todos estos aspectos tienen un impacto real y directo en la rentabilidad y viabilidad del negocio que se pretende desarrollar en el exterior. Y si lo que se pretende con la internacionalización es producir los bienes donde resulte más rentable y venderlos donde se pueda maximizar su beneficio, los aspectos indicados deben ser prioritarios.
