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Los principales derechos y obligaciones del socio en una sociedad de capital

Los Principales Derechos Y Obligaciones Del Socio En Una Sociedad De Capital

La condición de socio de una sociedad de capital, que se adquiere por la titularidad de una sola participación social – en caso de sociedades de responsabilidad limitada, o acción – en caso de sociedades anónimas – atribuye derechos y obligaciones al socio en el seno de la propia sociedad.

La regulación de la condición de socio en una sociedad de capital se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, (en adelante, “Ley de Sociedades de Capital” o “LSC”).

Si bien como hemos apuntado la titularidad de una sola participación social o acción ya comporta la adquisición de la condición de socio, esto no es incompatible con el hecho de que la Ley de Sociedades de Capital establezca limitaciones al ejercicio de los derechos, exigiéndose para el ejercicio de alguno de ellos, la titularidad unas participaciones sociales o acciones representativas de un porcentaje mínimo del capital social.

Una vez adquirida la condición de socio, una de las principales premisas de la LSC es la paridad de trato entre los socios, de modo que, con carácter general las participaciones sociales y acciones atribuyen a los socios los mismos derechos. Este principio se encuentra reflejado en el art. 97 LSC: “La sociedad deberá dar un trato igual a los socios que se encuentren en condiciones idénticas.”

Adicionalmente, encontramos una serie de prohibiciones en el art. 96 LSC, en relación con la imposibilidad de crear participaciones sociales o emitir acciones con privilegios, de modo que:

  • No es válida la creación de participaciones sociales ni la emisión de acciones con derecho a percibir un interés.
  • No pueden emitirse acciones ni crearse participaciones sociales que de forma directa o indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor nominal y el derecho de voto o el derecho de preferencia.

No obstante lo anterior, la propia LSC reconoce algunos supuestos en los que pueden existir participaciones sociales o acciones con privilegios, como es el caso de las participaciones sociales o acciones sin derecho de voto.

Derechos del socio

El art. 93 LSC proporciona un listado de derechos del socio, identificados como derechos mínimos:

a) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación.

b) El de asunción preferente en la creación de nuevas participaciones o el de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones.

c) El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales.

d) El de información.

En función del contenido de los derechos, cabe clasificarlos en tres tipos o categorías, (i) derechos económicos (ii) derechos mixtos y (iii) derechos políticos o de participación.

Derechos económicos

Los derechos económicos son principalmente el derecho a participar en las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la sociedad procedente de la liquidación de la misma.

Derecho al reparto de dividendos

En relación con el derecho al reparto de dividendos, nuestra jurisprudencia diferencia entre el derecho abstracto a participar en las ganancias sociales y el derecho concreto al pago de los dividendos, el cual surge una vez la junta apruebe el acuerdo aprobando el reparto de dividendos, para lo cual, será necesario a su vez que se cumplan los requisitos legales para dicho reparto.

En este sentido, para poder proceder al reparto de dividendos en el seno de la sociedad, de conformidad con el art. 273 LSC, primero se deberán haber cubierto con cargo al beneficio las reservas legales o estatutarias obligatorias y siempre que, a consecuencia del reparto el valor del patrimonio neto no resulte inferior al capital social.

En caso de procederse a distribuir dividendos, el reparto se hará en proporción a la participación de cada socio en el capital social (art. 275 LSC).

Si bien, conforme hemos visto, no existe un derecho absoluto al reparto de dividendos, se reconoce en el art. 348 bis LSC un derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos, cuyo ejercicio cabe únicamente en determinadas circunstancias.

Derecho a la cuota de liquidación

La cuota de liquidación es la valoración de la participación que en el activo neto resultante corresponde a cada uno de los socios de la sociedad. Salvo disposición contraria de los estatutos sociales, la cuota de liquidación correspondiente a cada socio será proporcional a su participación en el capital social. (art. 392 LSC).

Derechos mixtos

Derecho de suscripción preferente

Entra en la clasificación de derecho mixto el derecho a suscribir, con motivo de un aumento de capital en la sociedad, un número de participaciones sociales o acciones proporcional al valor de las que ya poseen, denominado, “derecho de suscripción preferente” y reconocido en los arts. 304 y siguientes de la LSC.

Derecho de separación

Otro derecho mixto es el derecho de separación del socio; el derecho individual del socio a separarse de la sociedad cuando no haya votado a favor de determinados acuerdos, cuya adopción altera las condiciones contractuales básicas que determinaron la entrada del socio en la sociedad, como la sustitución o modificación sustancial del objeto social o la creación, modificación o extinción anticipada de prestaciones accesorias, entre otros (art. 346 LSC).

El ejercicio de este derecho comportará el abono al socio que ejercite el derecho del valor razonable de sus participaciones sociales o acciones. A su vez, de conformidad con la jurisprudencia reflejada en la Sentencia del Tribunal Supremo 102/2021 de 24 de febrero, aunque se haya ejercitado el derecho de separación, no se extingue el vínculo entre socio y sociedad, y en consecuencia, no se pierde la condición de socio, hasta que el socio reciba el valor de su participación.

A pesar de que, como hemos visto, la percepción del dividendo depende que se puedan distribuir dividendos, y de que se adopte el acuerdo en el seno de la junta general, la LSC reconoce, salvo que los estatutos lo excluyan, por medio del art. 348 bis LSC un derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos, cuyo ejercicio está sometido a determinadas condiciones.

Derechos políticos

Los derechos políticos son aquellos que permiten al socio participar en la gestión de la sociedad.

Derecho de asistir a las juntas generales

La junta general es, junto con el órgano de administración, el otro órgano de gobierno de las sociedades de capital y consiste en la reunión de todos los socios de la sociedad.

La junta general tiene competencia para deliberar y decidir sobre determinados acuerdos, tasados en el art. 160 de la LSC, consistiendo todas ellas en decisiones de gran relevancia para la sociedad (modificaciones estatutarias, cese y nombramiento de administradores…).

Si bien en las sociedades de responsabilidad limitada todos los socios tienen derecho a asistir a la junta y no cabe exigir una titularidad mínima de un número de participaciones, en el caso de la sociedad anónima, es posible, por vía estatutaria, limitar la asistencia a aquellos socios que posean determinado número mínimo de acciones, sin que el número exigido pueda ser superior al uno por mil del capital social. (art. 179 LSC).

En relación con la asistencia, puede ser personalmente o debidamente representado, variando los requisitos de la representación en función de si nos encontramos en una sociedad de responsabilidad limitada o en una sociedad anónima (arts. 183 y 184 LSC).

Asimismo, en caso de que los estatutos sociales lo prevean expresamente se podrá asistir telemáticamente a las juntas generales (art. 182 LSC) y el órgano de administración podrá convocar juntas exclusivamente telemáticas (art. 182 bis LSC).

Derecho de información

Se trata de un derecho imperativo e irrenunciable del socio, teniendo además una finalidad instrumental del derecho de voto, pese a ser independiente del mismo, toda vez que el derecho de información permite al socio ejercer su derecho de voto de una forma fundamentada.

Tanto para sociedades de responsabilidad limitada como sociedades anónimas la LSC reconoce la posibilidad del socio o accionista de solicitar información antes de la junta y durante la misma, siempre que la información solicitada esté relacionada con los asuntos comprendidos en el orden del día.

A su vez, los administradores podrán facilitar la información de forma oral o escrita, en función del momento de la solicitud. No obstante esta previsión, hay ciertas diferencias en relación con la posibilidad de denegar la información por el órgano de administración de la solicitud realizada por los socios. Así en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, el órgano de administración podrá denegar la solicitud si considera que la publicidad de la información perjudica el interés social, pero no podrá ampararse en esta excepción si la solicitud está respaldada por socios que representen, como mínimo, un 25% del capital social (art. 196 LSC). En cambio, en la sociedad anónima el órgano de administración podrá denegar la solicitud si considera que la información es innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existen razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas. No obstante, no podrá ampararse tampoco en esta excepción si la solicitud está respaldada por socios que representen al menos el 25% del capital social, o el porcentaje inferior que en su caso fijen los estatutos sociales, que no podrá ser inferior en ningún caso al 5%. (art. 197 LSC).

Adicionalmente, para la adopción de determinados acuerdos relevantes, la LSC establece un régimen adicional del derecho de información:

  1. Cuentas anuales (art. 272 LSC).
  2. Modificaciones estatutarias (art. 287 LSC)
  3. Ampliaciones y reducciones de capital social (art. 287 LSC e informes exigidos en función de la modalidad de capital social, arts. 300 y siguientes LSC).
  4. Modificaciones estructurales (Real Decreto ley 5/2023 de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Derecho de voto

El derecho de voto permite al socio participar de la vida de la sociedad, por medio de la intervención de adopción de acuerdos en el seno de la junta general.

Con carácter general, en las sociedades de responsabilidad limitada cada participación social da derecho a un voto, salvo que los estatutos sociales dispongan lo contrario. A su vez, en las sociedades anónimas no es válida la creación de acciones que de forma directa o indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor nominal de la acción y el derecho de voto. (art. 188 LSC).

En consecuencia, con la excepción de las participaciones y acciones sin derecho de voto, el socio tiene derecho a emitir su voto en relación con los acuerdos sometidos a aprobación en las juntas generales.

No obstante, hay determinados supuestos de conflicto de intereses en los que el socio debe abstenerse de ejercer su derecho de voto, deduciéndose sus votos del capital social para el cómputo de votos necesarios para alcanzar la mayoría necesaria para la adopción del acuerdo. Dichos supuestos de conflicto de interés son (art. 190 LSC):

  1. Los acuerdos en que se autoriza al socio a transmitir acciones o participaciones sujetas a una restricción legal o estatutaria,
  2. Los acuerdos para excluir al socio de la sociedad,
  3. Los acuerdos para liberar al socio de una obligación o concederle un derecho,
  4. Los acuerdos para facilitar al socio cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor o
  5. En caso de que el socio sea a su vez miembro del órgano de administración, los acuerdos para dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad.

Esta lista de situaciones de conflicto de interés no se trata de una lista “numerus clausus”, toda vez que la propia LSC reconoce que pueden existir otras situaciones de conflicto de interés distintas de las enumeradas. No obstante, para los supuestos de conflicto de interés no reconocidos en la LSC, el socio no se verá privado de ejercer su derecho de voto, pero, en caso de que su voto haya sido decisivo para la adopción del acuerdo, el socio afectado por la situación de conflicto de interés deberá probar la conformidad del acuerdo con el interés social.

Una vez aclarado si se deben excluir del cómputo los votos de algún socio, se procederá a la votación y, en su caso, adopción del acuerdo.

Los acuerdos en junta general se adoptan por mayoría de votos, con un régimen de mayorías establecido por la LSC, sin perjuicio de modificaciones que puedan introducir los estatutos de las sociedades, si bien, con algunos límites.

En la sociedad de responsabilidad limitada los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social, no computando los votos en blanco. (art. 198 LSC). No obstante, para determinados acuerdos, se exige una mayoría reforzada, de más de la mitad de los votos (art. 199.a) LSC) o de dos tercios correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social (art. 199.b) LSC).

A su vez, como hemos adelantado, los estatutos sociales podrán prever un régimen de mayorías diferente al establecido por la LSC, mientras no llegue a exigirse la unanimidad para la adopción de los acuerdos (art. 200 LSC).

En el caso de las sociedades anónimas, además de un régimen de mayorías establecido para la adopción de acuerdos, la LSC establece un régimen de quórums de asistencia necesarios para poder entrar en la deliberación y votación de los acuerdos, de modo que, para considerar que la junta se ha constituido válidamente se requiere que esté presente o representado un porcentaje determinado del capital social, variando dicho porcentaje en función de si se está en primera – 25% – o segunda convocatoria –porcentaje inferior al 25%- (art. 193 LSC). Estos porcentajes se amplían al 50% en primera convocatoria y al 25% en segunda convocatoria en caso de adopción de acuerdos relevantes como aumento o reducción de capital o modificación de estatutos (art. 194 LSC).

Una vez concurra el capital social necesario para poder proceder a la deliberación y votación del acuerdo de forma válida, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, esto es, más votos a favor que en contra, requiriéndose, no obstante, una mayoría absoluta, o de dos tercios, en función del acuerdo a adoptar y el quorum presente (art. 201 LSC).

Derecho de impugnación de acuerdos sociales

Estarán legitimados para impugnar un acuerdo los socios que hubieran adquirido la condición de socio antes de la adopción del acuerdo y siempre que representen, individual o conjuntamente, un 1% del capital social de la sociedad (art. 206.1 LSC).

Son la excepción aquellos acuerdos que se impugnen por contrarios al orden público, para cuya impugnación estará legitimado cualquier socio, aunque haya adquirido la condición de socio con carácter posterior a la adopción del acuerdo.

Derecho de convocatoria de la junta general

Aunque el deber de convocar la junta general recae sobre el órgano de administración (art. 167 LSC), la LSC establece un derecho de la minoría a solicitar al órgano de administración a que convoque la junta general (art. 168 LSC). El socio, o los socios agrupados, que representen un 5% del capital social, tienen el derecho a solicitar al órgano de administración a que convoque una Junta General, con los asuntos a tratar.

El órgano de administración deberá convocar la junta general en un plazo de dos meses desde la fecha en que se les hubiere requerido notarialmente para la realización de dicha convocatoria, pudiendo los socios, en caso de que el órgano de administración no cumpla la petición, solicitar su convocatoria al Letrado de la Administración de Justicia o Registrador mercantil del domicilio social de la sociedad (art. 169 LSC).

Derecho de complemento de convocatoria

El derecho de complemento de convocatoria es un derecho exclusivo para los socios de sociedades anónimas, debido a que el plazo que debe mediar entre la convocatoria y la fecha de la junta en las sociedades limitadas; 15 días frente a un mes en las sociedades anónimas, no lo permitiría.

De este modo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar mediante notificación fehaciente dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. (art. 172 LSC).

Obligaciones del socio

La principal obligación del socio, y en ocasiones la única, consiste en la realización de las aportaciones, dinerarias o no dinerarias, para asumir las participaciones sociales o suscribir las acciones cuya titularidad vaya a adquirir (art. 21 LSC), otorgando para ello la escritura de constitución de la sociedad o, si las adquiere en un momento posterior, mediante, por ejemplo, un aumento de capital.

Las prestaciones accesorias

Una vez constituida la sociedad, los socios pueden acordar imponer una serie de obligaciones adicionales a los socios, mediante la creación de la figura denominada “prestaciones accesorias”, reguladas en los arts. 86 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Dichas prestaciones accesorias deberán ser distintas de la aportación del capital social, y su contenido deberá concretarse en los estatutos, especificándose adicionalmente si el carácter de la obligación establecida es gratuito o mediante retribución, pudiendo introducirse cláusulas penales para el caso de su incumplimiento (art. 86 LSC). En este sentido, la SAP de Madrid (Sección 28ª) 371/2016 de 4 noviembre indica:

“Señalábamos en nuestra sentencia de 14 de marzo de 2013 que las prestaciones accesorias son obligaciones a cargo de todos o algunos de los socios, que han de estar previstas en los estatutos sociales (sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo Sentencia núm. 776/2007, de 9 de julio, RC núm. 3011/2000), y que son distintas de la obligación principal de realizar las aportaciones sociales correspondientes a las participaciones asumidas por cada uno de ellos. Por lo tanto, integran el patrimonio social pero no el capital social. Su contenido puede ser muy variado: prestar financiación a la sociedad, cubrir pérdidas, realizar pagos periódicos. Pueden tener también un carácter personalísimo, como es el caso de la realización de actividades laborales o profesionales para la sociedad. Asimismo, pueden ser de prestación continuada o periódica, o de tracto único”.

La creación de una prestación accesoria sobre una participación social o una acción comporta asimismo una serie de limitaciones a la hora de transmitir la participación social, o la acción con la prestación accesoria. Asimismo, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, se podrá excluir al socio que incumpla voluntariamente con su obligación de realizar una prestación accesoria (art. 350 LSC).

No obstante, establecer las prestaciones accesorias como modo de obligar a los socios a realizar aportaciones adicionales de financiación se encuentra con algunos obstáculos, por una parte por la publicidad que conlleva que esta obligación se encuentre en los estatutos sociales y, por otra parte, debido al criterio restrictivo de la Dirección General de los Registros y del Notariado, actualmente Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública, que exige un elevado detalle en relación con las cuantías y el marco temporal de las aportaciones adicionales a realizar por los socios en caso de que se configuren como prestación accesoria.

Por ello, dados los problemas que puede comportar la configuración de las prestaciones accesorias, puede resultar una buena alternativa para el establecimiento de obligaciones y compromisos adicionales a cargo de los socios la celebración de un pacto de socios.

Participaciones sociales y acciones sin derecho de voto

Aunque la regla general es la igualdad de trato de los socios, la LSC recoge la posibilidad de creación de participaciones sociales o acciones con privilegios, como es el caso de las participaciones sociales o acciones sin derecho de voto, reguladas en los arts. 98 y siguientes de la LSC.

Los titulares de las participaciones sociales o acciones sin derecho de voto, no tendrán derecho de voto a cambio de la percepción de un dividendo preferente. De este modo, a los titulares de dichas participaciones sociales o acciones se les reconoce un dividendo anual mínimo, fijo o variable, establecido en los estatutos sociales y cuyo reparto será obligatorio siempre que existan beneficios distribuibles. Asimismo, al margen de este dividendo anual mínimo tendrán derecho al mismo dividendo que corresponda a las participaciones sociales o acciones ordinarias.

Los titulares de estas participaciones sociales o acciones sin derecho de voto también contarán con privilegio en caso de reducción de capital social por pérdidas (art. 100 LSC) y en la cuota de liquidación, en cuyo caso tendrán derecho a obtener el reembolso de su valor antes de que se distribuya cantidad alguna a las restantes (art. 101 LSC).

Pactos de socios

Con carácter adicional al régimen legal, y estatutario, de la condición de socio, conviene hacer referencia a la figura del pacto de socios o pacto parasocial. La posibilidad de un pacto de socios está recogida y aceptada por el ordenamiento jurídico español de conformidad con el art. 29 LSC que establece: “Los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad.”

El objetivo de un pacto de socios es regular aquellos otros aspectos que no puedan tener cabida, por ejemplo, en los estatutos sociales. Así, podemos encontrar pactos para regular las relaciones entre los socios, denominados “pactos de relación”, pactos cuyo fin radique en atribuir ventajas a la sociedad, denominados “pactos de atribución” o aquellos pactos cuyo objetivo es regular y reglamentar la organización de la sociedad, denominados “pactos de organización”.

Sin perjuicio de la clasificación referida, contenido que generalmente se encuentra en un pacto de socios son: cláusulas de derecho de adquisición preferente, derecho de acompañamiento (o “tag along”), derecho de arrastre (o “drag along”), materias reservadas para la junta general, compromisos de no competencia de los socios con la sociedad, etc.


El artículo 91 de la Ley de Sociedades de Capital establece: “Cada participación social y cada acción confieren a su titular legítimo la condición de socio y le atribuyen los derechos reconocidos en esta ley y en los estatutos”.

Sentencia del Tribunal Supremo (STS) nº 601/2020, de 12 de noviembre: “Por ello, la jurisprudencia ha venido distinguiendo entre el «derecho abstracto» a participar en las ganancias sociales, y el «derecho concreto» al pago de los dividendos cuyo reparto se haya acordado en junta general. Así, por ejemplo, en la sentencia 60/2002, de 30 de enero (RJ 2002, 2311) (doctrina que reproducen las sentencias 873/2011, de 11 de diciembre SIC (RJ 2012, 3521) y 60/2020, de 3 de febrero (RJ 2020, 123)), declaramos:
«el accionista tiene derecho a participar en los beneficios de la Sociedad Anónima, como derecho abstracto, pero es el acuerdo de la Junta general el que decide el reparto del dividendo, que hace surgir el derecho de crédito del accionista, como derecho concreto, quedando determinada la cantidad, el momento y la forma del pago».
Por tanto, el socio únicamente cuenta con un derecho abstracto sobre un patrimonio ajeno, que se transmuta en concreto y se incorpora como crédito (en principio, pecuniario; arts. 1166 y 1170 CC (LEG 1889, 27), y 277 LSC) a su propio patrimonio en el momento en que se aprueba el correspondiente acuerdo de la junta que ordena el reparto de dividendos en el legítimo ámbito de sus atribuciones (arts. 160 y273 LSC), permaneciendo mientras tanto los beneficios obtenidos en el patrimonio social, dando lugar al oportuno asiento contable, que goza de la correspondiente publicidad registral mediante el depósito anual de cuentas.”

Sentencia del Tribunal Supremo 102/2021 de 24 de febrero: “Desde esta perspectiva dinámica, la recepción de la comunicación del socio por la sociedad desencadena el procedimiento expuesto. Pero para que se produzcan los efectos propios del derecho de separación, es decir, la extinción del vínculo entre el socio y la sociedad, no basta con ese primer eslabón, sino que debe haberse liquidado la relación societaria y ello únicamente tiene lugar cuando se paga al socio el valor de su participación. Mientras no se llega a esa culminación del proceso, el socio lo sigue siendo y mantiene la titularidad de los derechos y obligaciones inherentes a tal condición (art. 93 LSC)”.

4 Resoluciones de 24 de junio de 1998, de 7 de marzo de 2000, de 25 de septiembre de 2014, entre otras.

5 Paz-Ares, Cándido. “El Enforcement de los Pactos Parasociales”. Disponible en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1052/documento/03Candido.pdf

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