Saltear al contenido principal
Soluciones En Materia De Contratos Ante La Crisis Del COVID-19

Soluciones en materia de contratos ante la crisis del COVID-19

El contexto actual determinado por la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como por las sucesivas disposiciones normativas que se van adoptando desde entonces, está generando una notoria incertidumbre entre los distintos operadores económicos del mercado, que se manifiesta sobre todo en la inseguridad ante eventuales incumplimientos o modificaciones contractuales.

Las relaciones contractuales se están viendo afectadas por la pandemia y, con la consecuente paralización de la actividad económica, los Tribunales van a tener que dirimir si se pueden aplicar a los contratos causas de fuerza mayor o la cláusula rebus sic stantibus. No hay una respuesta única, sino que ha de analizarse caso por caso, examinando la situación concreta en función de la naturaleza de la relación contractual, los términos del contrato y las circunstancias específicas que concurran en cada uno.

1. Fuerza mayor

La fuerza mayor tiene como aplicación más importante la de ser causa de exoneración de la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. Se define como aquel incidente no imputable al deudor, imprevisto, o previsto pero inevitable, que impide el exacto cumplimiento de la obligación. En efecto, el artículo 1105 del Código Civil establece que “fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los que en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”.

Para la existencia de fuerza mayor se precisa:

  1. que se trate de un hecho independiente de la voluntad del deudor y, por consiguiente, no imputable a él;
  2. que el acontecimiento sea imprevisto, o bien previsto pero inevitable;
  3. que imposibilite al deudor para el cumplimiento de su obligación;
  4. que entre el acontecimiento y la imposibilidad de cumplimiento de la obligación y el consiguiente daño exista un vínculo de causalidad, sin que intervenga la voluntad del deudor.

Su efecto principal es la liberación al deudor del cumplimiento de la obligación y de la responsabilidad por los daños y perjuicios que sufra el acreedor, a quien le corresponde el derecho de obtener las ventajas ocasionales derivadas de la fuerza mayor, ya que si ha de sufrir el daño es equitativo que goce de los beneficios que indirectamente resulten de la situación.

¿La declaración del estado de alarma puede considerarse como un supuesto de fuerza mayor?

Si la declaración del estado de alarma puede o no considerarse como un supuesto de fuerza mayor es algo que debe analizarse en cada caso concreto. Existen pronunciamientos de varias Audiencias Provinciales que han considerado a ciertas epidemias como supuestos de fuerza mayor, en sentencias sobre el virus H1N1 o el SARS. Ahora bien, en la práctica sólo podrá hacerse valer la fuerza mayor en las obligaciones de hacer, dado que en las de naturaleza pecuniaria el deudor seguirá obligado a cumplir, en tanto que lo adeudado no es algo individualizado sino genérico como es el dinero.

Habrá de distinguirse, pues, entre una imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación –que sólo afectará a las obligaciones de hacer o de entregar una cosa determinada, pero no a las deudas pecuniarias– de aquellas circunstancias que determinan que la prestación resulte exorbitante o excesivamente onerosa, en cuyo caso entrará en juego la aplicación de la denominada doctrina o cláusula rebus sic stantibus. En cualquier caso, la carga de la prueba de las circunstancias que justifiquen la concurrencia de fuerza mayor recae siempre sobre el deudor.

2. La cláusula rebus sic stantibus

Las partes, una vez que por su libre voluntad han establecido el vínculo contractual, están obligadas a comportarse de acuerdo con sus estipulaciones, de aquí el principio de la fuerza obligatoria del contrato plasmado en la máxima “pacta sunt servanda, en virtud del cual, como regla general y por exigencias de la seguridad jurídica, debe operar aun cuando la vida, en su continuo fluir, traiga consigo una alteración de las circunstancias ajena a la actuación y voluntad de los contratantes.

Ahora bien, en aquellos casos en que ese cambio de circunstancias pueda hacer excesivamente onerosa para una de las partes la ejecución de lo convenido o pueda convertir el contrato en objetivamente injusto, cabe una fórmula que permite la resolución o revisión del contrato, basando su modificación en el fundamento subjetivo de la voluntad misma de los contratantes con la cláusula sobreentendida rebus sic stantibus.

¿Puede aplicarse esta doctrina para revisar las obligaciones contractuales en situaciones imprevisibles como la del estado de alarma por el COVID-19?

El instrumento de la cláusula rebus sic stantibus permite un reequilibrio de las obligaciones contractuales ante una modificación sobrevenida e imprevisible de las circunstancias, como está ocurriendo en la situación actual con la pandemia. Al basarse en una alteración sobrevenida y extraordinaria de las circunstancias existentes en el momento de la contratación, se prevé especialmente para hacer frente a catástrofes que afecten a una parte importante de la población, como pueden ser guerras, crisis económicas o catástrofes naturales, por lo que tiene encaje en una situación sin precedentes como la derivada del estado de alarma por la pandemia del COVID-19.

No obstante, su aplicación deberá llevarse a cabo por nuestros Tribunales si las partes no alcanzan un acuerdo.  La labor de nuestro despacho consistirá en defender a nuestros clientes, tanto si pretenden hacer valer la cláusula, como si no se considera que no es de aplicación.

¿Qué condiciones se requieren para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus?

Como condiciones para la aplicación de esta doctrina, la jurisprudencia ha venido señalando:

  1. el carácter sobrevenido de las circunstancias que afectan al contrato, esto es, que sean posteriores a la celebración del contrato pero anteriores a su cumplimiento;
  2. la imprevisibilidad, que implica una cuestión de hecho que las partes no hubieran podido tomar en consideración en el momento de la contratación;
  3. que se produzca una dificultad extraordinaria que conlleve la ruptura de la equivalencia de las prestaciones o una agravación de las condiciones de la prestación, de manera que resulte mucho más onerosa para el deudor;
  4. que el contrato sea de tracto sucesivo o esté referido a un momento futuro, de modo que tenga cierta duración;
  5. que no exista imputabilidad del cambio de circunstancias, esto es, que sea ajeno a la voluntad de la parte en desventaja;
  6. que el riesgo no haya sido el motivo determinante del contrato, como sucedería en el caso del contrato aleatorio;
  7. que exista petición de la parte interesada.

¿Cuáles son los efectos de su aplicación?

En estos casos, el contrato únicamente se resolverá cuando no fuera posible reconstruir el equilibrio entre las prestaciones. En principio, el juez únicamente podrá modificar las prestaciones si la parte que invoca esta doctrina justifica las razones concretas por las que, en el caso particular, debe desplazarse el riesgo por la alteración de las circunstancias a la otra parte contratante.

Así pues, además de la concurrencia de la imprevisibilidad, habrá que analizar caso por caso las estipulaciones contractuales pactadas por las partes relativas al reparto de riesgos en relación al desequilibrio económico que resulte, así como el periodo temporal en el que se extienden las nuevas circunstancias y el impacto de éstas en la base negocial del contrato.

En los tiempos que nos ha tocado vivir, no cabe duda de que, según lo explicado, las relaciones contractuales se van a ver afectadas y los abogados, en nombre de nuestros representados, tendremos que solicitar judicialmente la revisión de numerosos contratos o defender a nuestros clientes de esas pretensiones amparadas en causas de fuerza mayor.

Volver arriba