Servicios jurídicos para enfrentarnos a los problemas derivados del COVID-19

La pandemia ha golpeado de lleno en el tejido empresarial español compuesto mayoritariamente por la pequeña y mediana empresa, así como autónomos. Por desgracia, las medidas adoptadas por las administraciones no van a ser suficientes en numerosos casos, en los que las empresas y autónomos se van a ver abocados a crisis. Presentar solicitud de concurso de acreedores puede ser el modo de salvar sus responsabilidades personales.

Las relaciones contractuales se están viendo afectadas por la paralización de la actividad económica provocada por la pandemia. En ese marco, los  Tribunales van a tener que dirimir si se pueden aplicar a los incumplimientos contractuales causas de fuerza mayor o la cláusula rebus sic stantibus.

No hay una respuesta única, sino que ha de analizarse caso por caso examinando la naturaleza de la relación contractual, los términos del contrato y las circunstancias específicas.

Los Tribunales van a tener que enfrentarse al trabajo acumulado desde que la actividad se paralizó por el Estado de Alarma, además de gestionar el gran volumen de nuevos procedimientos que, a consecuencia de la pandemia, van a ser interpuestos por empresas y personas físicas.

Por ello, conocer en profundidad las modificaciones procesales es fundamental para impulsar las acciones en defensa de los intereses de nuestros clientes.

El cambio drástico de la situación económica de millones de personas va a dar lugar al aumento de los procedimientos judiciales con la finalidad de modificar (al alza o a la baja) las pensiones alimenticias fijadas en las Sentencias de divorcio, así como la necesidad de modificar los regímenes de guarda y custodia, como consecuencia de los cambios en la situación laboral de los progenitores.

A consecuencia del coronavirus COVID-19 en nuestro país y de la actividad o inactividad de las distintas Administraciones Públicas competentes en la gestión de la actual crisis sanitaria, se están generando y se van a generar importantes daños personales y patrimoniales.

Estos daños podrían resultar resarcibles a instancia del principio de responsabilidad patrimonial de las Administraciones.